Flexibilidad y reconocer las particularidades de las regiones: el balance de los diálogos sociales para reformar el sistema de capacitación en Chile

Hace unos días, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) presentó los resultados de los Diálogos Regionales 2024, un proceso participativo que recorrió el país, de Arica a Magallanes, para conocer la opinión de las regiones y los diversos actores del mercado laboral respecto a sus necesidades y aspiraciones en materia de capacitación y empleabilidad.

En el proceso que duró siete semanas, entre abril y mayo, participaron un total de 620 personas de manera presencial, generando insumos a través de diferentes metodologías, talleres regionales, talleres macro zonales con los Consejos Regionales de Capacitación y un taller con el comité técnico del Consejo Nacional de Capacitación. Insumos que fueron claves para la construcción de la Política Nacional de Capacitación. 

Las definiciones

Como primer eje, en este proceso se evaluó la pertinencia de los principios rectores que debería contener una política nacional de capacitación que fueron propuestos por el Consejo Nacional de Capacitación (una instancia cuyo rol es asesorar al Ministerio del Trabajo).

Se planteó que una política de capacitación laboral debiese tener como principio el dar acceso a aprendizajes de calidad, así como un medio para alcanzarlo.

Con respecto al principio de trabajo decente, los actores plantearon que una política de capacitación laboral debiese apuntar a dar acceso a aprendizajes de calidad, así como un medio para alcanzarlo. “La formación debe orientarse prioritariamente hacia capacitaciones que les permitan a las personas aumentar su empleabilidad y desempeñarse en puestos de trabajo de calidad”, fue parte de los planteamientos.

También se consignó que una política de este tipo debiese ser universal, con igualdad de género e inclusión. “Impulsar acciones y programas que se desarrollen bajo su amparo favorecerán a todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera que sea su condición contractual o laboral, demográfica y social”, dice el documento, agregando que se le debe dar especial énfasis y prioridad a grupos desfavorecidos en términos de empleo, como mujeres y jóvenes.

El diálogo social y tripartito es otro principio que debe estar presente. También se mencionó la “integración de políticas”, apuntando a que la capacitación laboral es solo “un momento de todo el proceso o flujo de empleabilidad de las personas”, y que debe haber comunicación y coordinación entre los diversos actores y servicios involucrados en el tema.

También se consignó que otro principio clave debe ser el uso de datos para la toma de decisiones, apuntando a que se debe monitorear activamente el mercado para ofrecer alternativas de capacitación pertinentes.

La flexibilidad fue otro principio propuesto, apuntando a que se debe trabajar para ofrecer opciones que se ajusten a las circunstancias diversas de los trabajadores.

Los nudos críticos

El proceso de diálogo realizado también permitió identificar los diez nudos críticos para el sistema de capacitación, en los que es crucial avanzar.

El primero de ellos es la necesidad de robustecer la difusión de servicios y programas relacionados al sistema Nacional de Capacitación. También se apuntó a la urgencia de fomentar el uso de beneficios tributarios en esta línea.

Como tercer eje, se mencionó la necesidad de consolidar un sistema de seguimiento, medición de impacto y calidad de las capacitaciones.

Potenciar mecanismos de actualización programática de los cursos fue el cuarto eje a mejorar.

En quinto lugar se planteó la necesidad de fortalecer la toma de decisiones descentralizada, reconociendo las particularidades de cada territorio.

Promover la colaboración entre los diferentes actores involucrados en el sistema de capacitación fue el sexto nudo identificado.

Por último, también se planteó que es crucial avanzar en incentivar la constitución y funcionamiento efectivo de los comités bipartitos de capacitación, ampliar el acceso de los grupos prioritarios de la población al sistema, optimizar los tiempos asociados al proceso de capacitación, y aumentar la disponibilidad de información sobre las necesidades de capacitación y demanda de empleo a nivel local.

Las líneas de acción

Se propuso fortalecer a las entidades territoriales, como los consejos regionales de capacitación y las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL)

También, se planteó desarrollar las competencias digitales para que las personas puedan acceder al sistema a través de plataformas digitales. También se propuso implementar estrategias de difusión especializadas para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas y empresas con registros tributarios especiales.

También, se planteó ampliar la cobertura de la oferta formativa, fomentando el ingreso de nuevos oferentes regionales de capacitación, concentrándose en problemas de infraestructura, para que los procesos de capacitación puedan llegar a espacios rurales o de difícil acceso, entre otras.